La Administración de Justicia, catalizador de la actividad económica

Fernando Díaz Pérez

“Ante una tarea tan esencial como la que al Poder Judicial corresponde, es evidente la necesidad de una reforma que parta de un sincero y explícito reconocimiento: la actual organización judicial española no corresponde adecuadamente a las necesidades de una Administración de Justicia moderna y eficaz. Está, por lo mismo, necesitada de una sistemática y completa puesta al día.”

La cita anterior, podría haber sido pronunciada por cualquiera que haya ejercido alguna competencia en la administración de Justicia española en los últimos años. Más aún, podría perfectamente aparecer impresa en la próxima edición de cualquier periódico y pensaríamos que forma parte del mensaje político más actual. Sin embargo, está fechada en el mes de septiembre del ya lejano año de 1978 y fue pronunciada por Landelino Lavilla, a la sazón, ministro de Justicia del momento, en el acto de apertura del año judicial.

Que el proceso de modernización de la administración de justicia es la asignatura que hemos pospuesto colectivamente, es algo tan reiterado que se ha convertido en ese tipo de lugar común que comienza a tener el descrédito de lo que largamente se anuncia y no se cumple.

Treinta largos años después, estamos en un punto aparentemente similar al que señalaba el ministro: necesidades de reforma en las desfasadas plantas judiciales, de modificaciones en procedimientos obsoletos e inyección de medios materiales y personales que traigan modernidad al único poder del Estado que sigue manejando herramientas tecnológicas inadecuadas, en contraste con la Hacienda Pública, el Catastro, la Tesorería General de la Seguridad Social y últimamente, la Dirección General de Tráfico, por solo citar algunas de las más conocidas.

Lo lamentable es que la Administración de Justicia debe abordar los esfuerzos de modernización en uno de los escenarios económicos más adversos de las últimas décadas. Obviamente, esto puede producir que aparezca la sensación de desánimo y de innecesaridad. Mi opinión es que, muy al contrario, este contexto debería ser un estímulo para continuar el camino iniciado e incluso reforzarlo. Las consecuencias de no hacerlo de este modo serán contraproducentes para nuestra economía. Y ese, y no otro, es el eje central de estas líneas.

En los últimos años, la relación entre lo que hemos llamado el funcionamiento eficiente de la Administración de Justicia y el desarrollo económico de los diversos estados nacionales, ha llamado la atención de muchos economistas y de buena parte de los organismos internacionales de crédito.

Hasta hace bien poco, no sólo los diferentes actores económicos, sino los propios ciudadanos, se habían mantenido alejados de este particular (salvo algún desafortunado y trágico incidente que, de tanto en tanto, situaba a la Justicia en la actualidad), pensando, tal vez, que se trataba de una cuestión técnica ajena a sus actividades diarias y, en cierta forma, politizada. Necesaria, pero lejana.

Hoy, la crisis en la que nos debatimos, tratando de escapar de un temido periodo de recesión, sitúa nuevamente la acción de la Justicia y su potenciador impacto económico en una completa actualidad.

Cabría preguntarse, antes de nada, si merece la pena el esfuerzo. Preguntado de otro modo, cuánto y, sobre todo, cómo incide la acción de la Justicia (si es que lo hace) sobre la economía.

Pues bien, en esta línea, estudios de la OCDE estiman que la existencia de seguridad jurídica y su adecuado funcionamiento, puede llegar a incidir hasta un 15% en el crecimiento del Producto Interior Bruto nacional. En países de nuestro entorno, donde afortunadamente no hablamos tanto de seguridad jurídica como de eficiencia en el procedimiento, el porcentaje se sitúa en valores mucho menores, entre un 1% y un 1,5%. Pero, ¿quién renunciaría en este momento a un incremento que superaría ampliamente los 10.000 millones de euros?

Para avanzar con el argumento demos estos datos como razonables y convengamos, al menos, en que parece evidente que nos encontramos frente un tema que merece la pena prestar una cierta atención, aunque solo fuera desde el punto de vista utilitario. Y ello obviando por mera simplificación lo que es evidente: La existencia de un sistema judicial óptimo es esencial en la vida de un país muy por encima de estas conclusiones prácticas.

Parece, por tanto, que mejorar nuestra Administración de Justicia, hacerla más eficiente, tiene efectos beneficiosos en la economía. Engañosamente simple, ¿no? Hagámoslo pues, podríamos decir simplemente.

De manera previa, hagamos una reflexión y hablemos un poco de qué. O más concretamente, ¿qué queremos decir cuando hablamos de “Justicia eficiente”? Simplificando al máximo, una Justicia eficiente podría ser aquella que respondiera, de modo ideal, a los siguientes objetivos básicos:

  • Procedimientos centrados en lo esencial: Resolución del conflicto y no seguimiento de un “ceremonial litúrgico” procesal.
  • Resolver del modo más rápido posible.
  • Hacerlo al menor coste para las partes y para la sociedad en su conjunto.
  • Transmitir a los involucrados y a terceros el mensaje claro de no impunidad.
  • Inducir que el sistema judicial sea utilizado sólo cuando no haya otro mecanismo capaz de proporcionar igual resultado o hacerlo con un menor coste social, tratando de rebajar el proceso de judicialización incremental en el que hemos entrado desde la pasada década y que amenaza con colapsarnos.

Y para conseguirlo, a mi juicio, los retos fundamentales son dos: reducir la incertidumbre e incrementar la eficiencia.

Si admitimos que en toda economía de mercado como la nuestra, la mayor parte de las inversiones son actos jurídicos, la incertidumbre ocasionada por la inseguridad jurídica excede y relega a los tradicionales elementos de incertidumbre económica (fluctuaciones del mercado, coyuntura, materias primas, tipos de cambio, avances tecnológicos, etc.), por lo que podríamos concluir que a mayor seguridad jurídica, a mayor eficiencia en el procedimiento y por ende, mayor capacidad de crecimiento económico. No crecimiento directo, es verdad, pero sí capacidad para realizarlo, al menos potencialmente.

La incidencia de la Justicia sobre la economía, que hemos sólo enunciado, tiene que ver de modo inmediato con su influencia sobre la producción y los negocios en general. Cuando hablamos de procedimiento judicial, lo hacemos de elementos tan comunes como la protección de los derechos de propiedad, la fuerza legal y la coerción judicial a los contratos, de los costos de las transacciones, de la influencia de las expropiaciones. Y a todo esto no es ajeno el costo económico de las dilaciones en los señalamientos, el excesivo uso del recurso, etcétera.

Al analizar la eficiencia, interesa igualmente algo tan básico como determinar si los recursos humanos y materiales son suficientes o correspondería incrementarlos. Deberíamos saber si estamos ante un problema de falta de recursos o más bien se trata de una falta de productividad que puede verse ampliamente mejorada con el uso de tecnologías de la información, como ya ha sucedido en muchos otros ámbitos, públicos y privados.

Conseguir reducir la incertidumbre, mejorar la eficiencia y modernizar tecnológicamente, aspecto básico, la Administración de Justicia (con elementos que por cierto, y esta es una magnífica noticia, son ya viejos en otros ámbitos), es una prioridad que no podemos permitirnos el lujo de posponer una década más.

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