Informatizar un proceso implica rediseñarlo (y si es judicial, también) – (I)

Fernando Díaz PérezLegal books #29

Venimos señalando, desde más de lo que nos gustaría hacerlo, que el uso de las tecnologías de la información puede suponer importantes beneficios en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Este objetivo sintético, puede desglosarse, de modo muy elemental, en dos: Primero, la mejora de la gestión y el desempeño de las instituciones del sistema judicial (especialmente de las vinculadas al Poder Judicial). Y en segundo lugar, el impulso del vínculo existente entre el sistema judicial y las diversas instituciones que lo componen, así como con la propia ciudadanía.

De manera general, podemos señalar que la tecnología posibilita un primer logro: La automatización de las tareas repetitivas y que, por tanto, permite descargar de esas labores a los profesionales para dedicarlos a tareas en las que aporten más valor, repartiendo así las cargas de trabajo de una manera más racional.

Pero, opino que no hay que perder de vista un problema de base: incluir nuevas tecnologías en un sistema con prácticas basadas en procedimientos escritos y en gran medida secretos, parece que no tiene excesiva conexión en lo relativo a la mejoría de los elementos físicos que los soportan. Podríamos llegar, en el límite de lo deseable, incluso a eliminar el expediente físico en aras del digital, pero nada de ello cambiará la lógica misma del procedimiento, el sustrato de la propia burocracia que lo compone.

Lo relevante sería, sin embargo, potenciar el uso de tecnologías para impulsar y potenciar un modelo reformado de manera previa. Es decir, usar sobre el modelo ya transformado, la implementación de la tecnología como herramienta clave para potenciar y favorecer el éxito de las reformas. Esto es esencial y en cierta y sorprendente medida, novedoso, por cuanto es sumamente común en la literatura dedicada a la materia, la creencia común de que la mera incorporación del expediente electrónico en los procesos judiciales es la solución a los problemas de la administración de justicia, dando por sentado tácitamente que la incorporación masiva de la tecnología dará pie, por sí misma, a la redefinición de los procesos.

Creo que este camino, no es el más adecuado, salvo en aquellos casos en que los derechos de las partes no estén juego, normalmente en causas de tramitación masiva y por casos menores.

En general, la tecnología puede ser una herramienta valiosa para la reducción de los tiempos de duración de los procesos judiciales, para mejorar la administración del despacho judicial, para reducir el uso de papel y el consiguiente cuidado del medio ambiente y del espacio disponible en los edificios destinados a oficinas judiciales, pero todo esto y no es poco, tienen que ir acompañados de la necesaria transformación de fondo. De no ser así se corre el serio riesgo de que los vicios y problemas de los procedimientos escritos, secretos y basados en la acumulación de documentos, continúen incólumes, con el añadido de haber llevado a cabo inversiones cuantiosas.

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