No vuelva usted mañana. Y si puede ser, no venga nunca. La nueva Ley de Procedimiento Administrativo

ley-procedimiento-administrativo_iecisaBLOGJosé Estañ Bistuer, Consultor de ECM en Informática El Corte Inglés.

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo no quiere ver largas colas de ciudadanos ante las ventanillas, ni pasillos plagados de expedientes, ni mesas a punto de hundirse bajo el peso de los papeles. Por fin vamos a conseguirlo: La Administración sin papeles ya tiene una Ley que define las herramientas y mecanismos para evitar la entrada y generación de papel.

Se trata de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que viene a regir las relaciones entre las Administraciones y los administrados. Sus disposiciones son aplicables a todas las Administraciones Públicas –de ahí el calificativo de Común–, lo que no será inconveniente para que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su propio Derecho, siempre dentro del marco definido por la nueva Ley. De entrada es previsible, por tanto, que las distintas Comunidades Autónomas que ya cuentan con regulación sobre el uso de los medios electrónicos en el Sector Público, procedan a  adaptar su normativa a la nueva Ley.

La nueva norma procedimental pone en evidencia lo lejos que ha quedado su antecesora la Ley 30/1992, que hoy nos parece muy inocente al recordar la mención que hace a la “incorporación de medios técnicos” en el desarrollo de la actividad administrativa, señalando que “Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos”, pero sin dar muchos detalles sobre lo que son o lo que pueden hacer estos medios. En cualquier caso esta mención supuso el amparo legal a la administración electrónica y a los documentos electrónicos, cuya validez se reconocía con independencia de su soporte siempre que se cumplieran determinados requisitos. Años después, la Ley 11/2007 supuso un enorme avance en el reconocimiento y definición de los medios electrónicos como herramienta válida de interactuación entre ciudadanos y Administración. En el momento actual, con la publicación de la nueva Ley de Procedimiento, se culmina una etapa para dar paso a una nueva Administración en la que lo electrónico es la norma y el papel la excepción.

El análisis de los 133 artículos que integran la Ley, –además de disposiciones adicionales, transitorias derogatorias y finales–, tanto por su extensión como por su trascendencia,  merece hacerse detenidamente, sin embargo para irnos familiarizando con las novedades que incorpora, puede ser un buen ejercicio destacar algunos de sus artículos referidos a la aportación de documentos por parte de los administrados, a la emisión de documentos por las Administraciones Publicas y al Archivo de documentos.

Los ciudadanos podrán presentar sus documentos a través de registros electrónicos o bien de manera presencial en papel. En este último caso –aquí está la novedad– la Administración deberá digitalizar los documentos presentados para su incorporación a su correspondiente expediente electrónico, devolviendo los originales al interesado. De este modo, la aplicación de la nueva Ley de Procedimiento implica el fin de la entrada de papel en la Administración. En consecuencia el Archivo será también electrónico y vendrá obligado a cumplir las medidas necesarias para garantizar la autenticidad, integridad, conservación y consulta de los documentos.

Por su parte las Administraciones Públicas vienen obligadas a emitir los documentos administrativos “a través de medios electrónicos”, completando de este modo el escenario de la Administración sin papeles.

En beneficio de la simplificación, se establece que los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración. En estos casos la Administración que requiera el documento lo recabará electrónicamente a la que lo haya emitido a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos.

Otra novedad es que las Administraciones no requerirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo en algunos supuestos excepcionales. Tampoco podrán requerir datos o documentos ya aportados, debiendo facilitar el ciudadano la referencia de cuándo y dónde los aportó.

Resulta evidente que este escenario sin papeles sólo es posible –ahora que ya tenemos la Ley– si somos capaces de disponer y desarrollar la tecnología adecuada, interoperable y segura, y contamos con la habilidad, conocimiento y experiencia que inevitablemente precisa su implementación. La Ley da vía libre a la tecnología y la tecnología aportará nuevas costumbres y funcionalidades, así como nuevas formas de trabajar y de relacionarse con la Administración. La clave del éxito estará en hacer el cambio evitando situaciones no deseadas e incrementando la eficiencia y transparencia de la actuación administrativa.

La nueva Ley entrará en vigor dentro de un año y algunas de sus disposiciones referidas a registros y a archivo aún tardarán dos años más en ser aplicables. Tendremos que esperar hasta entonces para poder afirmar que, como decía la canción, “el futuro ya está aquí”.

Un pensamiento en “No vuelva usted mañana. Y si puede ser, no venga nunca. La nueva Ley de Procedimiento Administrativo

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