Lo que faltaba: la Administración de Justicia se vuelve electrónica

José Estañ Bistuer, Consultor de ECM en Informática El Corte Inglés.

Desde el comienzo del presente año, y a partir de la entrada en vigor del RD 1065/2015, la Administración de Justicia ha dejado de ser una excepción para volverse tan electrónica como el resto de las demás Administraciones.

Regulación de las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia

El propósito de esta norma es el desarrollo de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en lo relativo a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y el traslado de copias, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia.

El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla) y en todos los órdenes jurisdiccionales. Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar, desde el pasado 1 de enero, la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de comunicaciones electrónicas.

Las disposiciones del nuevo Real Decreto se aplican tanto a los órganos y oficinas judiciales y a los profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia como a los ciudadanos que se relacionen directamente (sin mediación de abogado o procurador).

Y precisamente en función de los sujetos obligados, el Real Decreto tiene dos fechas diferentes de entrada en vigor: el 1 de enero de 2016 para los órganos y oficinas judiciales y fiscales y para los profesionales de la justicia, y un año después (1 de enero de 2017) para los ciudadanos.

De manera similar a la aplicación de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad y sus Normas Técnicas, todos los sistemas electrónicos de información y comunicación de la Administración de Justicia deberán regirse por las Bases del Esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, debiendo hacerse uso de las guías de interoperabilidad y seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones elaboradas por el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, en especial de las guías de documento y expediente judicial electrónico, así como de la de política de firma.

En cualquier caso los sistemas electrónicos utilizados deberán dejar constancia de las fechas y horas en las que se produzcan las comunicaciones o puestas a disposición, y del contenido íntegro de las comunicaciones. Asimismo deberán dejar constancia  del acceso al contenido de las comunicaciones y de la identificación del remitente y del destinatario.

Respecto a los sistemas de identificación y autenticación, interesa destacar que, entre otros, se admiten los sistemas de firma electrónica para la actuación judicial automatizada, lo que, por ejemplo, facilitará la digitalización masiva de documentos.

Canales electrónicos disponibles

Los canales electrónicos a utilizar dependerán de los sujetos obligados. Así los órganos y las oficinas judiciales y fiscales, así como los profesionales de la justicia utilizarán el sistema LexNET; las Administraciones y organismos públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilizarán LexNET y la Sede judicial electrónica correspondiente.

Por su parte, los ciudadanos y las personas que vengan obligadas a utilizar los canales electrónicos se comunicarán a través de la sede judicial electrónica y del Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En cualquier caso todos los canales deberán cumplir los requisitos de autenticidad, integridad, temporalidad y resguardo acreditativo en los procesos de envío y recepción.

Otros ejemplos de digitalización de la Administración de Justicia

Como ejemplos recientes de iniciativas en favor de la justicia electrónica pueden citarse los siguientes:

  • LexNET: El sistema LexNET es un medio de transmisión seguro de información, que mediante el uso de técnicas criptográficas garantiza la presentación de escritos y documentos y la recepción de actos de comunicación, sus fechas de emisión, puesta a disposición y recepción o acceso al contenido de los mismos. Tiene la consideración de sistema de entrega electrónica certificada conforme al Reglamento UE nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.
  • Sede Judicial Electrónica: Los ciudadanos pueden consultar en la web https://sedejudicial.justicia.es  el estado de sus expedientes judiciales, así como acceder al servicio de verificación de códigos de documentos judiciales electrónicos.
  • Envío automático de información sobre violencia de género: requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmas (Madrid): En todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid ya es posible el envío automático de requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmes de violencia doméstica y de género desde el sistema de registros SIRAJ al Ministerio del Interior. Esta medida permite reducir los tiempos de notificación y de tramitación y elimina el uso del papel en las comunicaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Inscripción telemática de nacimientos ante el Registro Civil desde los centros hospitalarios: Desde el pasado mes de octubre los nacimientos pueden comunicarse electrónicamente desde los centros sanitarios a los Registros Civiles, sin que sea necesario acudir personalmente a la Oficina del Registro Civil para realizar la inscripción del nacido.
  • Implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional: Todos los escritos dirigidos a cualquier órgano judicial de la Audiencia Nacional se presentan ante el Servicio Común, que se encarga de su recepción, registro, digitalización y catalogación en un gestor documental. A partir de ese momento, todos los intervinientes judiciales autorizados pueden, desde su ordenador, acceder al expediente judicial electrónico para su gestión y tramitación.

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