Geotecnologías y Derecho geoespacial: allí donde hay territorio, hay Derecho

June11-07Ignacio Durán Boo, responsable de Geosoluciones y Catastro en Informática El Corte Inglés

Siguiendo la carrera entre Tecnología y Derecho, o dicho con mayor precisión, la permanente pugna que se vive en el momento actual entre avances tecnológicos y protección de los derechos, nos encontramos ahora ante un nuevo escenario que ya afecta de pleno a las vidas de muchos ciudadanos y empresas. Nos referimos a la aparición de una nueva especialidad jurídica que se viene denominando “Derecho geoespacial”.

En otras entradas del blog ya tuve ocasión de mostrar casos concretos de esta frecuente falta de un adecuado acompasamiento entre innovación tecnológica y ordenamiento jurídico, la cual resulta evidente en el caso de los drones, pero que también incide plenamente sobre las tecnologías que permiten el geoposicionamiento, como quedó claro en  la Opinión 13/2011, adoptada en mayo del 2011 y elaborada por el “Grupo de trabajo del artículo 29” de la Comisión Europea, en la que despeja cualquier tipo de duda al señalarse categóricamente que la obtención de datos de geolocalización a través de teléfonos inteligentes genera información personal que ha de ser protegida.

En ambos caso, y en otros que pueden encontrarse, se repite siempre el mismo conflicto: tecnología innovadora que permite obtener y disfrutar de nuevas utilidades y servicios, pero cuyo desarrollo plantea la necesidad de evolución de las normas legales y reglamentarias actuales para regular adecuadamente estas actividades y proteger al mismo tiempo el interés público. Simultáneamente, también se repite la sensación de que esta evolución se produce  de una manera excesivamente lenta, especialmente para aquellas empresas que están generando y ofreciendo soluciones de valor añadido sobre estas tecnologías.

En este escenario nace el “Derecho Geoespacial”, que es definido por sus promotores como una especialidad que estudia las implicaciones jurídicas de la geoinformación, incluyendo todo el conjunto de datos y servicios que, de forma directa o indirecta, hacen referencia a una localización o zona geográfica específica.  Su valor jurídico y geoestratégico, como detallan sus impulsores,  es enorme, puesto que toda la vida de las personas y empresas se desenvuelve en un lugar geográfico concreto. Desde esta visión, adaptan el viejo aforismo clásico que señala que “allí donde hay sociedad hay Derecho”, y lo reformulan para el ámbito geoespacial señalando que “allí donde hay espacio hay Derecho”.

Gracias al actual impulso tecnológico, el Derecho Geoespacial contempla numerosas aplicaciones prácticas construidas sobre tecnologías innovadoras ya utilizadas por  ciudadanos y empresas: desde el Catastro Inmobiliario hasta el Registro de la Propiedad, así como la geolocalización, las infraestructuras de datos espaciales, las Smart Cities, el Internet de las cosas (IoT), o la tecnología de drones. En todos estos campos, y en otros muchos más,  la protección de la información personal capturada y procesada así como el respeto de la privacidad de los datos personales, es esencial.

No es una casualidad que alguno de los más relevantes impulsores de esta nueva especialidad del Derecho geoespacial pertenezca al mismo equipo jurídico,- por cierto, español-, que ganó a Google la famosa sentencia  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo de 2014 que establece, como ya venía aplicando la Agencia Española de Protección de Datos, que el tratamiento que realizan los motores de búsqueda está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea, y que las personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre. Es decir, el ya famoso “Derecho al olvido”, o con mayor precisión, el “Derecho de supresión”, como lo define el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento 2016/679, de 27 de abril), de la Unión Europea, que da cobertura jurídica a este nuevo derecho de los ciudadanos.

¿Veremos, por extensión de esta doctrina, el nacimiento de un “derecho a no ser geolocalizado”?  La expansión de la tecnología basada en la geolocalización, en unión con la que facilita el tratamiento prácticamente ilimitado de datos, estructurados y no estructurados, permite ya establecer un perfil detallado de la persona de que se trate, bien sea esta el conductor de un vehículo, el usuario de un teléfono móvil, o el propietario de una nevera conectada a la red. Y si se logra establecer un perfil concreto, entramos de lleno en el ámbito de la Ley de Protección de Datos.

Es indudable que el mundo de la geoanalítica, entendida como la suma de las tecnologías GIS y Big Data, será objeto permanente de análisis desde quienes se dediquen a esta nueva especialidad jurídica del “Derecho geoespacial”. Y, por aplicación, también lo serán muchas de las soluciones que se desarrollarán en el mundo del IoT o de las Smart Cities.

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